Por: Alonso Moleiro
La crónica crisis política que está planteada en la Venezuela de este tiempo tiene, a mi manera de ver, una falla de origen que presenta tres variantes fundamentales.
Todas son subsidiarias de la misma matriz: la ruptura entre el texto legal que rige la vida de los venezolanos y los verdaderos objetivos de este gobierno. El desmontaje progresivo de ciertos objetivos democráticos por todos compartidos en beneficio de un inconfesado marxismo tardío. La disonancia vigente entre las disposiciones constitucionales y los objetivos revolucionarios. Tenemos un gobierno autodenominado revolucionario que administra un estado que no lo es.
La génesis del problema data de los momentos fundacionales: en los parpadeos iniciales el gobierno presentaba al mundo únicamente una “revolución en democracia” Un nuevo pacto de coexistencia, la refundación de la república, el programa legal para regir los parámetros de la vida ciudadana. En los estratos más duros de la oposición política existían fundadas dudas de que aquella fuera una iniciativa sincera. Acosado por sus adversarios, el chavismo sobrevivió a todas las crisis de planteadas porque, apoyado en la promesa básica de la Constitución, aseguraba tener un pacto democrático con los sectores populares que las élites venezolana no le estaban permitiendo cumplir. Todavía en 2004 el presidente Chávez intentaba tenderle puentes a la administración Bush; no hablaba de socialismo y se autoafirmaba, si bien “revolucionario”, tan sólo “nacionalista y democrático”.
Todas las imposturas oficialistas gobierno quedaron por completo desenmascaradas en 2007, la segunda parada de la crisis, el año en el cual queda clausurada Radio Caracas Televisión y se le tiende a la opinión pública la celada de la propuesta de Reforma Constitucional.
Una iniciativa que traía consigo el fortalecimiento de la burocracia en detrimento de la autonomía ciudadana y que, sin el menor rubor, estipulaba mandatos de siete años con reelecciones eternas. Fue entonces que comenzó a hablarse de lucha de clases; de plusvalía; a hacerle caratoñas, de forma en general precaria, a la memoria de Carlos Marx. A proponerse como un enemigo de Occidente y muchos de sus valores. El año en el cual expropiar se convirtió en un deporte y la propiedad privada una especie de favor que el gobierno le estaba haciendo a los demás.
La mutación discursiva de este gobierno ha conocido muchos amagos, engañifas y evasivas. Es obvio que el aquel lejano Chávez patriota y democrático, “amigo del empresariado”, que se enorgullecía de una –muy burguesa, por cierto- Carta Magna, “con cinco poderes autónomos” como lo imaginó el libertario Simón Bolívar, dista mucho de este otro, el que observamos ahora, inmortalizando el estribillo “exprópiese” e instando a los miembros de la Fuerza Armada Nacional a autodenominarse “socialistas, bolivarianas y chavistas”, como si aquella fuera su cuadra de caballos.
1999,-2006; 2007-2012. La metamorfosis a la que me estoy refiriendo, la norma corriente de este tiempo histórico, ha sido apreciada, en general, bien por exceso, bien por defecto, de forma muy errática por todo el país. Venezuela se ha ido habituando a hacer suyos valores impuestos, normas no consultadas, fraudes a la legalidad y la comprensión colectiva, falacias conceptuales y toda suerte de discursos superpuestos. Engaños en toda la línea, severas contravenciones con la legalidad y los valores democráticos de la población.
Nuevamente arribamos a un escenario electoral que, al menos en el aspecto teórico, amenaza en ocasiones con llegar con las cartas marcadas. Aqui desembocan las consecuencias de los aspectos que intento describir. Haga lo que haga, la oposición política tiene que se tratada en todo momento en forma agresiva e irrespetuosa. La condición para organizar elecciones es tener garantías objetivas de ganarla; la “defensa de la revolución” es un horizonte que tiene excesiva validez y peso conceptual entre las autoridades.
Lo que describo no forma parte de una fatalidad: estamos en presencia de un cuadro de múltiples opciones y escenarios. Tenemos un estado colonizado por una parcialidad política pero es obvio que tendría el oficialismo empujar muy duro para imponerle a la nación una imposición extraconstuticional en la arteria aorta de la legalidad.
El país democrático tiene que terminar por imponerse. La alternabilidad política es una conquista de la civilización, no una disposición burguesa de carácter antidialéctico. Restaurar la alternabilidad política como preámbulo de un proceso de reconciliación social y político debe ser, en este momento, el objetivo último de todo este esfuerzo.
