La revolución de los nombres

Por: Alberto Arteaga Sanchez

Una de las características de esta etapa de la vida venezolana ha sido el persistente cambio de nombres promovido desde el poder y -lo más grave- asimilado complacientemente por todos, lo que implica aprobación y justificación consciente o inconsciente. 

Ya hemos incorporado a nuestro lenguaje la expresión "cuarta república" que, al decir de doctos en historia carece de todo sentido; utilizamos la expresión "puntofijismo" como sinónimo de pacto corrupto, cuando se trató de una fórmula democrática para conseguir un acuerdo de gobernabilidad; adoptamos como fecha patria el "caracazo" como sinónimo de gesta popular precursora de nuevos tiempos; e identificamos un golpe de Estado como el del 4F y la destitución de un Presidente utilizando como instrumento político a la justicia como incidencias del acontecer republicano, siendo así que fueron desconocidas, sin más, las exigencias del Estado de Derecho. 

Ahora, siempre en el campo que guarda relación con la justicia, se ha generalizado la expresión "privados de libertad", en lugar de presos; se ha repetido una y otra vez que no hay presos políticos sino "políticos presos"; se señala que hay "peculado de uso" cuando se utilizan, sin más, espacios públicos para fines ajenos a los intereses del Estado y se llama "ventajismo oficial" al evidente abuso del poder en favor de una parcialidad política. 

Y lo más grave, como ha dicho Carlos Raúl Hernández, es que asumimos este nuevo vocabulario con aparente normalidad aceptando ahora que el cerro de Caracas no sea "El Ávila"; dejamos de llamar "negro" a nuestros más queridos amigos; o renegamos del sistema democrático por culpa de "todos los líderes corruptos" que dominaron la escena política. 

Pero, refiriéndome a lo que toca mi materia, quiero insistir en que no es correcto utilizar la expresión privados de la libertad, ya que de la libertad no se puede privar a nadie, a menos que se le dé muerte y a pesar de que en los antros penitenciarios es la propia vida la que se encuentra en riesgo; ni tiene sentido hablar de "políticos presos" para negar la condición de "presos políticos" porque, en definitiva, preso político o perseguido político es todo aquel que lo sea por motivaciones predominantemente políticas y un político preso pareciera indicar que lo está por ser político, como en efecto ha ocurrido entre nosotros; no hay "peculado de uso" por el empleo de un local del Estado con erogaciones de personal, luz y otros gastos, evidente peculado propio por la desviación de fondos para fines ajenos al servicio público; ni podemos hablar de simple "ventajismo" cuando se conmina a funcionarios a votar por un partido o se favorece una opción electoral, ni cuando se invierten fondos públicos en una campaña, hechos constitutivos de delitos de corrupción según la ley de materia. 

En definitiva llamar a las cosas por sus propios nombres es ser fieles a la verdad, resaltar la fuerza de las instituciones y exaltar la importancia de la tradición de un pueblo.