Raspados en derechos humanos

Por: David Uzcategui

Aunque el señor presidente de la República presuma del resultado supuestamente satisfactorio obtenido por Venezuela en el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, los resultados reales dejan al descubierto ante el mundo entero las irregularidades y carencias que hoy se viven en nuestra patria.

De las 148 sugerencias se rechazaron 38 y 15 quedaron postergadas. Las demás se aceptaron. Pero hay que hilar fino en la maniobra retórica oficialista para entender que todo es un saludo a la bandera y que la administración actual está ampliamente reprobada.

Las principales recomendaciones rechazadas -y que causaron indignación en el Gobierno- tienen que ver con garantías para la libertad de expresión y la independencia judicial. El discurso lo conocemos por repetido a lo largo de estos años. Alegan injerencia extranjera en nuestros asuntos, afirman que los poderes sí son independientes y que hay más libertades que en la llamada Cuarta República.

Recogen los medios de comunicación que el documento, redactado por las delegaciones de República Checa, Guatemala y Burkina Fasso, agrupó varias observaciones de Estados Unidos y países europeos, que, entre otras cosas, plantearon a Venezuela la necesidad de reformar el Código Penal para eliminar figuras que criminalizan el ejercicio del periodismo, como el vilipendio y la calumnia. Estos planteamientos fueron rechazados por nuestros representantes.

Tampoco se aceptaron las sugerencias que recomendaban al Estado cumplir con las obligaciones internacionales sobre libertad de expresión; no utilizar el uso del sistema judicial para silenciar voces críticas; y asegurar el acceso oportuno a la información pública.

Los representantes venezolanos también rechazaron las observaciones sobre la necesidad de reforzar la independencia del Poder Judicial, especialmente aquellas referidas a la selección de jueces. Otras sugerencias que no fueron adoptadas por Venezuela están vinculadas con la obligación de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y tomar medidas para el control de armas ligeras, para eliminar la violencia contra la mujer y proteger a niños y adolescentes de explotación laboral.

Quedan por revisar las sugerencias postergadas, como las vinculadas con la presentación de un plan nacional de derechos humanos y la invitación a relatores de Naciones Unidas para que puedan evaluar directamente las condiciones del país. Se dijo que sí, pero para después. Sólo el tiempo dirá cuánta verdad hay en esta promesa.

Finalmente, entre las aceptadas se encuentran la aplicación de convenciones para personas con discapacidad, la adopción de medidas para mejorar el sistema penitenciario, propiciar el reconocimiento de derechos de homosexuales, profundizar la reforma policial, perfeccionar los planes para la reducción de la pobreza, y mejorar las políticas de vivienda, educación y para la población indígena. Queda ver si fueron aceptadas solamente de palabra o si se traducirán en hechos. Nos permitimos ser pesimistas al respecto.

Sin embargo, la organización Espacio Público destaca "La gran delegación venezolana implica un reconocimiento a la importancia de la ONU y la supremacía de los DDHH". En este sentido debemos ver el vaso medio lleno. Cada vez menos gobiernos pueden ignorar a las organizaciones y legislaciones internacionales, y ese es el caso venezolano. Al menos ha ido y cumplido con las formalidades y ha quedado registrado el proceder irregular del actual Gobierno. Eso suma y pesa. No podemos dudar de ello.