Esta es la pregunta que nos hacemos los ciudadanos cada vez que escuchamos las cifras de personas fallecidas, víctimas de la delincuencia en nuestro país.
Según datos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) entre 1999 y el 2008 ocurrieron 101.141 muertes violentas en todo el territorio nacional, es decir 28 personas diarias. Sí, escuchó bien, 28 personas diarias, casi tres equipos de fútbol.
Si usted cree que la situación está mejorando se equivoca. El Observatorio Venezolano de Violencia estima que nuestro país podría cerrar el 2009 con una tasa de homicidios que ronda la cifra de 18 mil víctimas de la delincuencia (49 por día), uno de los índices más altos en el mundo.
Esta situación nos debe llevar a la reflexión para buscar juntos las soluciones ante esta grave realidad. La delincuencia no conoce de parcialidad política, nivel económico ni tendencia religiosa. Todos por igual somos víctimas de este flagelo.
Durante los últimos 10 años hemos sido testigos de un proceso político que ha generado enfrentamientos entre los diversos sectores de la sociedad, afectando notablemente la lucha contra la delincuencia.
Adicionalmente, las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes en el país han sufrido un debilitamiento profundo, fomentando la desconfianza de los ciudadanos y complicando mucho más el escenario actual.
Antes era un conocido, luego le tocó a un amigo, más recientemente a un familiar. ¿Cuándo nos tocará a nosotros? ¿Cuantas madres de familia deben sufrir la pérdida de sus hijos para que se tomen, con la seriedad que se requiere, acciones contundentes para disminuir las cifras de homicidios?
Madres de Petare y el Country sufren por igual esta realidad. Resultados de un estudio denominado Mapa de Violencia 2008 muestran que Venezuela se ha convertido en uno de los países líderes en homicidios de jóvenes, ocupando el tercer lugar en América Latina, con 64,2 crímenes por cada 100.000 habitantes.
Debe existir un trabajo mancomunado del gobierno nacional con los estados y municipios, capaz de definir estrategias que permitan disminuir estos alarmantes indicadores.
Si los gobernantes realmente piensan en los ciudadanos deben dejar a un lado sus diferencias partidistas para coordinar en conjunto políticas públicas en materia de seguridad.
Como ciudadanos nos corresponde exigir a los líderes que tomen medidas acertadas para garantizar nuestras vidas y sobre todo, nos corresponde prohibirnos, a nosotros mismos, acostumbrarnos a tan dramáticas cifras que enlutan cada día a más familias venezolanas.
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