Por: Miguel Ángel Latouche
Es necesario, sin embargo, realizar algunas consideraciones al respecto, ya que la sutileza de la argumentación no garantiza que la misma se defina a partir de un criterio de verdad que sea convincente. Veamos: Las decisiones públicas no sólo deben estar apegadas a derecho, sino que las mismas deben generar bienestar, de manera que resolver un entuerto o garantizar el fiel cumplimiento de la Ley no debe generar daños excesivos en las personas que son afectadas por la decisión o por la aplicación de la norma.
Existen límites asociados a la definición de los espacios de convivencia, al respeto por la condición humana y los intereses de los demás y a la construcción de una concepción acerca del Bien Público de carácter inclusivo, plural y democrático. En el caso que nos ocupa todos estos límites han sido traspasados de manera precipitada, causando daño en la estructura de nuestro acuerdo colectivo, afectando el funcionamiento de las instituciones y llevando al límite el funcionamiento de la estructura de división de los poderes.
Todo esto pone en cuestionamiento el funcionamiento del Estado de Derecho, con lo cual los ciudadanos quedamos peligrosamente desprotegidos ante el Estado. Debemos recordar que han pasado diez años desde que este gobierno llegó al poder. Llama la atención que luego de ese tiempo se hayan dado cuenta de que había problemas con el sistema de concesiones. ¿Qué sucede entonces con los impuestos que se ha cobrado a los afectados durante ese periodo? ¿Cómo puede explicarse que Conatel no haya iniciado antes los procedimientos y revisiones? Sin duda el Estado tiene una responsabilidad asociada a la situación. ¿Puede una situación tan grave ser resuelta a través de un simple procedimiento administrativa a través del cual se ordena el cese de las transmisiones?
Uno tendría que entender que a las personas se nos debe garantizar el derecho a defendernos cuando las decisiones del Estado nos afectan negativamente, que este derecho debe tener unos lapsos lógicos y que el mismo debe ejercerse antes de que la decisión sea aplicada. Una cosa es, entonces, que se abra un expediente administrativo y otra que se aplique una decisión que derive en la indefensión de los ciudadanos e incluso en la pérdida de esa condición.
No podemos descontextualizar la situación del momento de polarización que vive el país, de la lógica de la descalificación de los contrarios con la cual se ejerce la función pública, vivimos los arrebatos del poder que se ejerce en una situación de profunda debilidad institucional, con una oposición debilitada y en medio de una gran ausencia de un proyecto político alternativo (estructurar ese proyecto, por cierto, es una tarea pendiente).
Por estas razones me uno, en lo personal, a quienes rechazan las medidas de cierre de medios de comunicación. En la defensa de esos espacios para la expresión pública nos jugamos el funcionamiento de la democracia.
Existen límites asociados a la definición de los espacios de convivencia, al respeto por la condición humana y los intereses de los demás y a la construcción de una concepción acerca del Bien Público de carácter inclusivo, plural y democrático. En el caso que nos ocupa todos estos límites han sido traspasados de manera precipitada, causando daño en la estructura de nuestro acuerdo colectivo, afectando el funcionamiento de las instituciones y llevando al límite el funcionamiento de la estructura de división de los poderes.
Todo esto pone en cuestionamiento el funcionamiento del Estado de Derecho, con lo cual los ciudadanos quedamos peligrosamente desprotegidos ante el Estado. Debemos recordar que han pasado diez años desde que este gobierno llegó al poder. Llama la atención que luego de ese tiempo se hayan dado cuenta de que había problemas con el sistema de concesiones. ¿Qué sucede entonces con los impuestos que se ha cobrado a los afectados durante ese periodo? ¿Cómo puede explicarse que Conatel no haya iniciado antes los procedimientos y revisiones? Sin duda el Estado tiene una responsabilidad asociada a la situación. ¿Puede una situación tan grave ser resuelta a través de un simple procedimiento administrativa a través del cual se ordena el cese de las transmisiones?
Uno tendría que entender que a las personas se nos debe garantizar el derecho a defendernos cuando las decisiones del Estado nos afectan negativamente, que este derecho debe tener unos lapsos lógicos y que el mismo debe ejercerse antes de que la decisión sea aplicada. Una cosa es, entonces, que se abra un expediente administrativo y otra que se aplique una decisión que derive en la indefensión de los ciudadanos e incluso en la pérdida de esa condición.
No podemos descontextualizar la situación del momento de polarización que vive el país, de la lógica de la descalificación de los contrarios con la cual se ejerce la función pública, vivimos los arrebatos del poder que se ejerce en una situación de profunda debilidad institucional, con una oposición debilitada y en medio de una gran ausencia de un proyecto político alternativo (estructurar ese proyecto, por cierto, es una tarea pendiente).
Por estas razones me uno, en lo personal, a quienes rechazan las medidas de cierre de medios de comunicación. En la defensa de esos espacios para la expresión pública nos jugamos el funcionamiento de la democracia.
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