Por: Marco Negron
Desde finales del siglo pasado viene afirmándose la idea de que las ciudades y las regiones cuentan más que la nación en el destino de las sociedades. Sin embargo, pese a que desde 1989 Venezuela se dotó de una legislación que promueve la autonomía de los poderes locales y regionales, en el caso de Caracas, para no hablar de las demás ciudades venezolanas, se registra una serie de paradojas que entorpecen su desarrollo y que tienen su origen en decisiones tomadas a nivel nacional.
Según estudios de la Unión de Bancos Suizos (UBS) para un conjunto de 73 ciudades en todo el mundo, ella clasificaba en 2009 como la 12ª más cara, a la par de París y muy por encima de la más cara de América Latina, Sao Paulo, que ocupaba el lugar 42, pero retrocedía al 54 por nivel de salarios y al 61 por poder adquisitivo, por debajo de Sao Paulo, Río de Janeiro, Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima, colocándose únicamente por encima de Ciudad de México entre las latinoamericanas. El resultado es una suerte de esquizofrenia urbana, originada en unas políticas macroeconómicas insensatas que mantienen una moneda nacional sobrevaluada junto a una de las tasas de inflación más altas del mundo y que probablemente explican, entre otras cosas, que la capital venezolana exhiba un porcentaje de población viviendo en barrios de autoconstrucción muy superior a la media latinoamericana. Esa situación paradójica era ratificada por el estudio de la revista América Economía para ese mismo año sobre las mejores ciudades de América Latina para hacer negocios, que otorga considerable peso a la calidad de vida de las mismas: Caracas aparecía ocupando un vergonzoso penúltimo lugar entre 50 ciudades pese a clasificar entre las diez con más alto PIB.
Aunque el régimen actual ha interferido groseramente en las competencias que la Constitución nacional reconoce a los municipios y estados -el golpe mal encubierto contra las autoridades del estado Monagas es el más reciente, no el único-, el problema no es coyuntural: él tiene que ver con una economía exageradamente dependiente del ingreso petrolero, del monopolio que sobre éste ejerce el Gobierno central y, en consecuencia, de la sobredeterminación de prácticamente cada evento de la vida nacional ejercida por el último. No habrá ciudades sanas si no se quebranta ese monopolio.
Desde finales del siglo pasado viene afirmándose la idea de que las ciudades y las regiones cuentan más que la nación en el destino de las sociedades. Sin embargo, pese a que desde 1989 Venezuela se dotó de una legislación que promueve la autonomía de los poderes locales y regionales, en el caso de Caracas, para no hablar de las demás ciudades venezolanas, se registra una serie de paradojas que entorpecen su desarrollo y que tienen su origen en decisiones tomadas a nivel nacional.
Según estudios de la Unión de Bancos Suizos (UBS) para un conjunto de 73 ciudades en todo el mundo, ella clasificaba en 2009 como la 12ª más cara, a la par de París y muy por encima de la más cara de América Latina, Sao Paulo, que ocupaba el lugar 42, pero retrocedía al 54 por nivel de salarios y al 61 por poder adquisitivo, por debajo de Sao Paulo, Río de Janeiro, Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima, colocándose únicamente por encima de Ciudad de México entre las latinoamericanas. El resultado es una suerte de esquizofrenia urbana, originada en unas políticas macroeconómicas insensatas que mantienen una moneda nacional sobrevaluada junto a una de las tasas de inflación más altas del mundo y que probablemente explican, entre otras cosas, que la capital venezolana exhiba un porcentaje de población viviendo en barrios de autoconstrucción muy superior a la media latinoamericana. Esa situación paradójica era ratificada por el estudio de la revista América Economía para ese mismo año sobre las mejores ciudades de América Latina para hacer negocios, que otorga considerable peso a la calidad de vida de las mismas: Caracas aparecía ocupando un vergonzoso penúltimo lugar entre 50 ciudades pese a clasificar entre las diez con más alto PIB.
Aunque el régimen actual ha interferido groseramente en las competencias que la Constitución nacional reconoce a los municipios y estados -el golpe mal encubierto contra las autoridades del estado Monagas es el más reciente, no el único-, el problema no es coyuntural: él tiene que ver con una economía exageradamente dependiente del ingreso petrolero, del monopolio que sobre éste ejerce el Gobierno central y, en consecuencia, de la sobredeterminación de prácticamente cada evento de la vida nacional ejercida por el último. No habrá ciudades sanas si no se quebranta ese monopolio.
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