Todas las encuestas de opinión en los últimos años coinciden en que el principal problema que preocupa a la población en Venezuela es la creciente inseguridad. Las estadísticas en materia de homicidios, secuestros, hurtos y robos indican que estamos ante una situación muy compleja que debe abordarse con seriedad. El gobierno, que recientemente realizó una encuesta de victimización a través del Instituto Nacional de Estadísticas y que se empeña en no hacer pública, sabe que las cifras en esos delitos superan con creces las que vienen difundiendo los medios de información. Empeñarse en ocultar la realidad no ayuda a resolver el problema. Tampoco ayuda que dirigentes del oficialismo y de la oposición usen la situación con fines politiqueros. Al final perdemos todas y todos quienes vivimos en el país.
Se requiere desarrollar un debate serio, responsable y transparente y ese debate debería encabezarlo el Presidente de la República. El primer paso es reconocer que la situación de inseguridad es agobiante y que se ha tenido poco éxito en los más de 15 planes diseñados. El Presidente debe dar un paso al frente y convocar a los distintos sectores del país con el propósito de construir una agenda mínima consensuada que permita diseñar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. Ello implica convocar a los gobernadores y alcaldes de las más variadas tendencias políticas; a los representantes de los poderes Públicos; a los empresarios que simpatizan o adversan al gobierno pero que tienen posibilidad de aportar soluciones; a la diversidad de Organizaciones no gubernamentales; a los gremios y sindicatos y a las víctimas de la violencia.
Ya el gobierno tiene una interesante experiencia con el proceso de reforma policial que no debería desperdiciar. La Comisión Nacional de Reforma Policial convocó a la diversidad de sectores del país y mediante una amplia consulta nacional logró realizar un valioso diagnóstico y elaborar un conjunto de recomendaciones. Algunas de ellas se empezaron a implementar y generan esperanza de cambios positivos.
Con ese mismo espíritu no sectario, amplio, democrático y con el claro propósito de escuchar y recibir todos los aportes que se puedan dar debería promoverse una amplia consulta nacional. Luego habrá que avanzar en diseñar políticas y ejecutarlas garantizando la participación de las distintas instituciones, factores políticos y sociales.
Seguir tratando la situación de inseguridad sobre la base de la descalificación mutua tanto por parte del gobierno como de la oposición solo conduce a que el problema empeore. Manejar el asunto con propósitos electorales pretendiendo minimizar la realidad o exagerarla dificulta acercarnos al diálogo. El gobierno tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa para promover ese diálogo, pero la oposición debe demostrar voluntad de querer aportar a la solución y reconocer que en los estados y municipios dónde gobiernan también fracasaron y que requieren trabajar con el Ejecutivo Nacional.
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