Por: Domingo Fontiveros
Visto en retrospectiva, el año 2010 estuvo marcado por eventos previsibles. En lo económico, continuó la prevista recesión con inflación, en niveles que la gente padece muy por encima de lo que señalan las cifras oficiales, así como el endeudamiento galopante y la inversión en letargo. En lo político, se previó que el Gobierno perdería en el voto popular pero no la Asamblea gracias a la aritmética amañada de los circuitos, a pesar que la mayoría oficialista lograda no alcanzó a ser calificada. Se anticipó también que la legislatura saliente bien podría cometer el exabrupto de aprobar un instrumento habilitante antes de su fenecimiento. Así que en estos aspectos no hubo sorpresas mayores.
Donde estalla lo imprevisto es que la moribunda maquinaria psuvista venga a entender a la habilitación presidencial para legislar como una especie de testamento a ser cumplido, obviamente, después de la muerte. Y pretenda inhabilitar, con lo mismo, nada menos que a la nueva Asamblea electa en septiembre, con una carga interesante de diputados opositores, inhabilitación que extiende, con el añadido de la ley anti-salta-talanquera, a los oficialistas que se les ocurra abandonar los rediles de la incondicionalidad con el régimen (aunque el cuchillo corta por ambos lados).
Ya con esto se anuncia que el siguiente será año de renovada e intensa conflictividad entre las dos corrientes que competirán por el dominio interno de la Asamblea, y en torno al predominio y correcta lectura de la Carta Magna. La conflictividad con seguridad va a involucrar a todas las instancias de los diversos poderes y probablemente los trascienda hacia la ciudadanía. En este ámbito no es nada bueno lo que auspicia la habilitación tan rebuscada que el obsecuente oficialismo está aprobando, en un burdo estiramiento de sus facultades.
Si en lo político el panorama luce tormentoso, en lo económico y social los problemas actuales continuarán haciéndose más complejos. A pesar de lo mucho que ha bajado el producto y el nivel de actividad, no parece que las tendencias hayan tocado fondo. El déficit del sector público se hará mucho más difícil de manejar en un entorno financiero externo que deja al mundo en desarrollo, con excepción de los países más prometedores, fuera de las prioridades como destino de créditos e inversiones. Y a pesar de que el precio de exportación del petróleo estará cerca o levemente por encima de los $72 y algo por barril de 2010, ya el Gobierno asoma un incremento de la tasa IVA y una nueva ronda de acoso tributario, acompañada de nuevas campañas admirables de expropiaciones y confiscaciones.
Nada de lo descrito contribuye para superar la crisis múltiple que se ha venido fraguando y se prolonga sin ser atendida. Los asesores del Gobierno se han olvidado por mucho tiempo de las tendencias negativas en aras de satisfacer un concepto inoperante de socialismo que hace inviables las aspiraciones de prosperidad de las mayorías. Han sido innumerables los mensajes de advertencia emitidos por expertos, opinión pública y en procesos electorales, pero estos asesores y la dirección del Gobierno se han hecho los sordos. Pero no los ciegos.
Como han perdido poder por voluntad popular, ahora quieren más poder aplicando trucos habilitantes y martillos jurisdiccionales.
Visto en retrospectiva, el año 2010 estuvo marcado por eventos previsibles. En lo económico, continuó la prevista recesión con inflación, en niveles que la gente padece muy por encima de lo que señalan las cifras oficiales, así como el endeudamiento galopante y la inversión en letargo. En lo político, se previó que el Gobierno perdería en el voto popular pero no la Asamblea gracias a la aritmética amañada de los circuitos, a pesar que la mayoría oficialista lograda no alcanzó a ser calificada. Se anticipó también que la legislatura saliente bien podría cometer el exabrupto de aprobar un instrumento habilitante antes de su fenecimiento. Así que en estos aspectos no hubo sorpresas mayores.
Donde estalla lo imprevisto es que la moribunda maquinaria psuvista venga a entender a la habilitación presidencial para legislar como una especie de testamento a ser cumplido, obviamente, después de la muerte. Y pretenda inhabilitar, con lo mismo, nada menos que a la nueva Asamblea electa en septiembre, con una carga interesante de diputados opositores, inhabilitación que extiende, con el añadido de la ley anti-salta-talanquera, a los oficialistas que se les ocurra abandonar los rediles de la incondicionalidad con el régimen (aunque el cuchillo corta por ambos lados).
Ya con esto se anuncia que el siguiente será año de renovada e intensa conflictividad entre las dos corrientes que competirán por el dominio interno de la Asamblea, y en torno al predominio y correcta lectura de la Carta Magna. La conflictividad con seguridad va a involucrar a todas las instancias de los diversos poderes y probablemente los trascienda hacia la ciudadanía. En este ámbito no es nada bueno lo que auspicia la habilitación tan rebuscada que el obsecuente oficialismo está aprobando, en un burdo estiramiento de sus facultades.
Si en lo político el panorama luce tormentoso, en lo económico y social los problemas actuales continuarán haciéndose más complejos. A pesar de lo mucho que ha bajado el producto y el nivel de actividad, no parece que las tendencias hayan tocado fondo. El déficit del sector público se hará mucho más difícil de manejar en un entorno financiero externo que deja al mundo en desarrollo, con excepción de los países más prometedores, fuera de las prioridades como destino de créditos e inversiones. Y a pesar de que el precio de exportación del petróleo estará cerca o levemente por encima de los $72 y algo por barril de 2010, ya el Gobierno asoma un incremento de la tasa IVA y una nueva ronda de acoso tributario, acompañada de nuevas campañas admirables de expropiaciones y confiscaciones.
Nada de lo descrito contribuye para superar la crisis múltiple que se ha venido fraguando y se prolonga sin ser atendida. Los asesores del Gobierno se han olvidado por mucho tiempo de las tendencias negativas en aras de satisfacer un concepto inoperante de socialismo que hace inviables las aspiraciones de prosperidad de las mayorías. Han sido innumerables los mensajes de advertencia emitidos por expertos, opinión pública y en procesos electorales, pero estos asesores y la dirección del Gobierno se han hecho los sordos. Pero no los ciegos.
Como han perdido poder por voluntad popular, ahora quieren más poder aplicando trucos habilitantes y martillos jurisdiccionales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario